La Generalitat anuncia que recurrirá la decisión del alto tribunal catalán.

El COMB celebra la intervención del TSJC sobre el R.D. de Terapias Naturales al que califica como un "acto de imprudencia" por parte de la Consejería de Salud

La Generalitat de Cataluña anuncia que recurrirá la decisión del alto tribunal catalán

El decreto que reguló en Cataluña la práctica de 13 terapias naturales, entre ellas la acupuntura y la osteopatía, ha quedado sin aplicación temporal en sus artículos fundamentales.

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) aceptó el recurso interpuesto por el Ministerio de Sanidad contra la norma de la Generalitat, y suspendió de forma cautelar los artículos 2, 5, 6, 7 y 18 del decreto, así como las disposiciones transitorias primera, segunda, tercera y cuarta.

La Conselleria de Salut informa que recurrirá la suspensión del TSJC con un recurso de súplica. La medida del TSJC supone la imposibilidad de aplicar el núcleo fundamental del decreto, cuyo apartado relativo a la naturopatía, con criterio homeopático ya fue suspendido el pasado junio por el TSJC.

El recurso de Sanidad argumentó que la normativa catalana "vulnera la legislación básica estatal sobre ordenación de las profesiones sanitarias", ya que, a su juicio, "permitía el ejercicio de competencias asignadas a médicos y fisioterapeutas a personas que no lo son". El Col.legi Oficial de Metges de Barcelona (COMB) y el de fisioterapeutas aplaudieron la decisión del TSJC, al que califica como un "acto de imprudencia" por parte de la Consejería de Salud.

En opinión de la entidad colegial, con esta suspensión "se han eliminado los puntos más importantes la norma, que son los que tienen que ver con las definiciones, requisitos acerca de las personas no sanitarias para ser acreditadas como profesionales y de los establecimientos donde tienen lugar las terapias naturales". La presidenta de la sección de Acupuntura del COMB, Isabel Giralt, mostró su satisfacción y señaló que el Alto Tribunal "ha dado la razón a su sección que desde el principio advirtió de que el reglamento suponía "dar competencias sanitarias a gente que no lo es", y ello es un peligro para la gente", añadió.


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